Por Liliya Kyslenko*
“Cuando dejó de llover, el río se secó y nos quedamos sin agua. Todos los animales murieron de sed y todas las personas estábamos en peligro”, cuenta Mohamed. Es un somalí que nació en Juba, pero se vio obligado a abandonar su hogar junto a su esposa y a cuatro hijos por las graves sequías y la falta de alimentos. Ladan Mahamed Abdisalad también nació en ese país africano, pero se desplazó al campo de refugiados de Kakuma después de ver cómo su madre y tres de sus cinco hijos morían de hambre por las sequías. “Apenas queda algo de comer, solo hay muerte”, dice.
Los fenómenos meteorológicos extremos, como las fuertes sequías, el aumento del nivel del mar, los incendios forestales, las tormentas o inundaciones, perjudican a la población e impulsan los desplazamientos de las personas en todo el mundo. En Mozambique, Zimbabue y Malaui, cerca de 100.000 personas tuvieron que abandonar su hábitat a raíz del ciclón Idai, mientras que las intensas sequías en Afganistán durante el año 2018 provocaron que unas 220.000 familias vivieran en refugios improvisados. Además, las fuertes inundaciones en Sinaloa paralizaron la vida de la región y durante el último año en España, en Los Alcázares la población sufrió tres inundaciones muy fuertes en solo cinco meses.
“El aumento de los desastres hidrometeorológicos y otros desastres tanto de impacto repentino como de impacto lento llevan a un incremento de los desplazamientos migratorios tanto internacionales como dentro de las fronteras de un país”, afirma Jesús Crespo Cuaresma, jefe del Instituto de Macroeconomía de la Universidad de Viena y uno de los autores de la investigación “Clima, conflictos y migración forzada”.
Solo en 2019 se produjeron 25 millones de migraciones internas por desastres relacionados con el clima, según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos. “Existe una crisis sistémica y una crisis ambiental con dos caras, una tiene que ver con la emergencia climática y la otra con la pérdida y la extinción masiva de las especies, y todo eso se debe a un modelo de producción y de consumo que es depredador con las personas y con el planeta en el que ganan unos pocos y pierden muchos otros”, asegura Cecilia Carballo, directora de programas de Greenpeace.
“Un acceso desigual, discriminación en la prestación de la asistencia, reubicación forzosa, violencia sexual y por motivos de género, pérdida de documentación, reclutamiento de niños en las fuerzas combatientes, regreso o reasentamiento peligroso o involuntario, cuestiones relacionadas con la restitución de la propiedad… son solo algunos de los problemas a los que se enfrentan las personas que se desplazan a causa de los desastres”, explica Jesús Marcos Gamero Rus, investigador especializado en el estudio de los impactos del cambio climático en las sociedades y sus estructuras.
El cambio climático es una bomba de relojería que está afectando a la sociedad y no para mejor. “Vamos a tener que enfrentar impactos sociales como son los desplazamientos de la población que van a poner a prueba nuestra capacidad de resiliencia como sociedad”, expresa Gamero Rus.
El ‘baile’ de las cifras
El ecologista británico Norman Myers fue el primero en establecer cifras y hablar de grandes desplazamientos de la población a mediados de la década de 1990. Estimó que iban a ser desplazadas 50 millones de personas a causa del calentamiento global para el año 2010 y más de 200 millones para 2050. “Ha habido un baile muy grande de cifras porque es muy difícil establecer la causa o vincular la causa de la migración con los desplazamientos forzosos”, cuenta Carballo.
“Ha habido un baile muy grande de cifras porque es muy difícil establecer la causa o vincular la causa de la migración con los desplazamientos forzosos”
En la mayoría de los países ni siquiera hay datos sobre la gestión de los desplazamientos internos y tampoco hay sistemas de protección para estas personas en específico. “La dificultad de identificar y cuantificar a los desplazados es evidente, dado que los mecanismos de causalidad que llevan de los efectos del cambio medioambiental a la migración son en muchos casos extremadamente complejos. Este problema de identificación dificulta enormemente la integración de este tipo de migrante forzado en el derecho internacional”, explica Crespo Cuaresma. Como resultado, estas personas se enfrentan a que las ayudas para construir sus propias casas son muy limitadas o con que el tejido social está totalmente destruido.
Es evidente que el deterioro de los recursos naturales y de los medios de vida de estas poblaciones ha hecho incrementar y triplicar este tipo de desplazamientos, sobre todo en el caso de las poblaciones más pobres. “Los países pobres no solo sufren mayores efectos del cambio climático, sino que tienen menos capacidad económica y estructural para enfrentarse a ellos”, expresa Miguel Pajares, presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado.
En este sentido, países como España, Estados Unidos o Reino Unido cuentan con tecnología, capacidad estructural, económica y de investigación que pueden utilizar para adaptarse mientras que otros territorios están ahogados por la deuda externa, tienen niveles muy grandes de corrupción o no cuentan con la capacidad ni los recursos suficientes para hacer frente a los desastres causados por el clima. A pesar de esto, al final el cambio climático alcanzará a todos en sus impactos tarde o temprano.
Por ello, “la cooperación y la ayuda a los países que sufren esos desplazamientos por parte de instituciones como la Unión Europea es fundamental, primero, como respuestas ante el impacto de desastres, pero también acompañando, protegiendo y respetando los derechos de las personas a las que no les quede otra opción que desplazarse”, sostiene Gamero Rus.
La vulnerabilidad de las mujeres y los niños
Las mujeres y los niños están especialmente afectados por esta situación. Según la ONU, las mujeres y los niños tienen catorce veces más de probabilidades de morir en una catástrofe natural que los hombres, lo que denota su vulnerabilidad ante estas situaciones. También, bajo un contexto de escasez, hay informes que evidencian el aumento de la violencia de género, el incremento de los trabajos sin pagar o del matrimonio infantil.
Asimismo, las mujeres y las niñas se enfrentan a amenazas en los campos de refugiados a los que acuden tras las inundaciones, huracanes y otros eventos similares ya que sufren altos índices de vulnerabilidad. “Las mujeres y niñas migrantes se exponen a ser víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual, a la precariedad laboral y a sufrir racismo y xenofobia, entre otras discriminaciones y formas de violencias basadas en el género, y que se pueden ver incrementadas conforme aumenten los desplazamientos humanos vinculados al cambio climático”, expresa el investigador Gamero Rus.
“Es necesario que las estructuras de los estados se adapten a los crecientes impactos del cambio climático si el objetivo es mantener a una sociedad más cohesionada, equitativa y solidaria”, asegura.
Ausencia de protección
Aunque muchas veces las migraciones relacionadas con desastres naturales y los impactos del cambio climático se producen de forma interna, también hay movimientos transfronterizos. Cuando la población se va fuera de sus países de origen no cuentan con ninguna protección dado que la figura de ‘refugiado climático’ no es reconocida por la legislación internacional. “Si no son reconocidos oficialmente como refugiados, los migrantes por causas de desastres y otros tipos de crisis pertenecen a un grupo desprotegido, lo que los pone en un riesgo particularmente alto de exclusión en el país de destino”, sostiene Cuaresma.
“Si no son reconocidos oficialmente como refugiados, los migrantes por causas de desastres y otros tipos de crisis pertenecen a un grupo desprotegido, lo que los pone en un riesgo particularmente alto de exclusión en el país de destino”
A nivel jurídico, si no se reconoce a los migrantes con la condición de refugiado los gobiernos no tienen ninguna obligación de dejarles entrar a su país ni darles ningún tipo de acogida. “En la medida en la que no existe un reconocimiento como tal del problema y una identificación, no se puede dar cobertura al mismo dentro de la política o de un programa específico que habilite recursos, financieros o humanos, a las personas desplazadas para protegerlas como víctimas o darles una salida”, explica la directora de programas de Greenpeace. António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, también considera que “hay una brecha de protección en el sistema internacional que debe abordarse”.
Sin embargo, que las personas sean consideradas como refugiados tampoco es muy buena garantía de protección. “Al final crear la figura de refugiado climático o ampliar la Convención de Ginebra para proteger a quienes acaben considerándose como refugiados climáticos no sería una herramienta tan útil y, además, los Estados no están por esa labor. Si no dejan que lleguen las personas que están en barcos muriéndose en el mar, cómo vamos a creer que en el panorama actual los Estados de verdad se van a comprometer a una figura de protección tan fuerte”, reflexiona Felipe.
Los mensajes xenófobos de los partidos políticos de extrema derecha sobre el elevado y continuo flujo de migrantes que llegan a las costas europeas a través del mar Mediterráneo, procedentes sobre todo de territorios afectados por los conflictos, han provocado la expansión de una visión negativa sobre la migración. Mientras, los partidos de derecha e incluso de izquierda no quieren oponerse mucho a este mensaje para no perder votos.
“El mundo rico ha puesto todo tipo de barreras para que los refugiados no lleguen a sus fronteras y la idea de cerrar las fronteras o de evitar que entren inmigrantes va a ser igual tanto con las migraciones climáticas que con las migraciones que se han producido hasta ahora”, opina Miguel Pajares. “La situación de los desplazados climáticos va a ser todavía peor porque los refugiados que huyen por temor a la persecución, al conflicto o a la violencia en teoría tienen reconocido el derecho de asilo, pero en la práctica se vulnera constantemente por todos los gobiernos europeos, por no hablar de lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos”, asegura.
A pesar de esta visión negativa, lo cierto es que la migración puede tener un efecto positivo sobre la salud de muchos países desde el punto de vista del trabajo, del progreso y el desarrollo de actividades económicas. “No siempre se tiene que ver como un problema sino como una solución”, aclara Felipe.
Por tanto, las migraciones forzadas por los impactos derivados del cambio climático requieren de adoptar o establecer dentro del ordenamiento jurídico un reconocimiento especial de protección. “Este reconocimiento no tiene porqué ser de la figura del refugiado puesto que entraría en disonancia con la definición del propio término”, explica Carballo y aclara que “aun así, no será suficiente solo con ese reconocimiento jurídico, sino que también es necesario que existan medios suficientes para dar cobertura a todas estas situaciones excepcionales”.
‘La inacción de los gobiernos’
“No es solamente el cambio climático en sí lo que puede estar provocando desastres sino unas políticas insuficientes y sin mucha cabeza”, explica Felipe. Los gobiernos reconocen que el cambio climático es un reto al que se enfrenta la humanidad, pero están sujetos a unas dinámicas de crecimiento económico, a un sistema y a unas influencias de las grandes corporaciones multinacionales que les está impidiendo desarrollar la acción con la contundencia que sería necesaria. “El cambio climático es un fenómeno derivado de la acción humana, pero sobre todo de la inacción de los gobiernos”, asegura Miguel Pajares, presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado.
A pesar de que la ciencia ha establecido un periodo de tiempo de diez años para que la comunidad internacional y el conjunto de los Estados a nivel global puedan garantizar que la temperatura de la tierra no vaya a aumentar más de un grado y medio, “ninguna de las respuestas que se están dando a nivel regional, nacional o global conducen a ese escenario”, considera Carballo. “Los gobiernos tienen que ser más radicales en la implementación de las medidas ya existentes, pero también en el desarrollo de políticas más ambiciosas”, sostiene.
“Los gobiernos tienen que ser más radicales en la implementación de las medidas ya existentes, pero también en el desarrollo de políticas más ambiciosas”
Hasta ahora, para abordar el tema del clima y las migraciones los Estados de diferentes países han puesto en marcha medidas tan importantes como la introducción de la cuestión de las migraciones ambientales en el Acuerdo de París, la aprobación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, así como del Pacto Mundial para la Migración. También, la Iniciativa Nansen permitió poner en el mapa el problema de los desplazamientos climáticos e impulsar la creación de la Agenda para la Protección de los Desplazados Transfronterizos en el Contexto de Desastres y Cambio Climático.
Además, se ha incluido a los desplazamientos por causas medioambientales en los Principios Rectores para los Desplazamientos Internos de 1998 y en las legislaciones regionales como la Convención de Kampala o la Declaración de Cartagena también se ampara a estas personas. Asimismo, en Suecia y en Finlandia los ‘migrantes ambientales’ están incorporados en una categoría especial de personas que necesitan protección.
No obstante, estas medidas resultan insuficientes y lo cierto es que hay pocos avances. El Acuerdo de París es muy tibio y el cumplimiento de las medidas contra el cambio climático es muy lento. Además, en el caso europeo muchas de las medidas están a caballo y existe una dicotomía sobre la gestión. “Siendo un problema global es muy difícil regularlo simplemente con políticas nacionales”, aclara la directora de programas de Greenpeace.
Pese a reconocer esta situación en reiterados informes que salen anualmente, se requiere de gran voluntad política y de desarrollo de medidas drásticas para lograr cambios. Primero, es necesario regular la cuestión de los desplazamientos climáticos desde la comunidad internacional y después en el ordenamiento jurídico de cada Estado, profundizando al mismo tiempo en la articulación de marcos legales que permitan una mayor protección de personas desplazadas. “Si la gente se ve obligada a desplazarse es necesario crear sistemas regionales de acogida a los que las personas puedan ir de manera digna y donde sus derechos estén garantizados”, piensa la investigadora Felipe.
También, es necesario que haya mayor coordinación a nivel internacional y que haya una convergencia entre las agendas. Es decir, la agenda climática tiene que converger con la agenda del desarrollo y, a la vez, con la agenda migratoria. “Si no se produce esta convergencia estamos hablando del mismo problema, pero a la vez desde tres dimensiones distintas sin que haya gran coordinación y un enfoque conjunto”, explica Carballo.
Para disminuir los efectos del cambio climático es fundamental empezar cambiando los modelos de producción para que no dependan de los combustibles fósiles y transitar a un sistema energético cien por cien renovable, abandonar la agenda del crecimiento ilimitado desde el punto de vista económico, relocalizar muchos de los espacios de producción o eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. “Las administraciones tienen que legislar, regular y sobre todo tienen que dejar de financiar y de incentivar muchas de las actividades económicas que no son sostenibles. No podemos seguir apoyando industrias, empresas y grandes lobbies que se dedican a comerciar con nuestra salud y la salud del planeta”, defiende Carballo.
“Una coordinación sin solapamientos y con un enfoque basado en derechos humanos de estas normativas y mecanismos, se reconocería como más efectiva a la hora de prevenir o enfrentar el cambio medioambiental, mitigar los efectos de los desplazamientos, proteger los derechos de los desplazados y mejorar el reasentamiento de las personas”, concluye Gamero Rus.
Un esfuerzo conjunto
El cambio climático tendrá una capacidad cada vez mayor de amenazar, socavar, desestabilizar y derribar los sistemas políticos, sociales o económicos de las sociedades. Si hay una lección que aprender de la respuesta mundial al brote de coronavirus, es que los Estados y las instituciones internacionales no están preparados para hacer frente a grandes crisis globales. Después de que la COVID-19 haya ocupado los titulares de todo el mundo, las amenazas y los peligros del cambio climático han pasado a segundo plano. Sin embargo, es necesario reflexionar y aprovechar una situación como, por ejemplo, la pandemia para no incurrir en los mismos errores.
Al mismo tiempo, no basta solo con presionar a los gobiernos para que cambien sus políticas, sino que es esencial luchar contra las corporaciones que hacen de esas políticas su modelo de negocio. “Muchas de las grandes corporaciones occidentales se van a países del sur y apenas pagan impuestos, contaminan, hacen trampas fiscales como la facturación entre empresas de la misma matriz para no declarar beneficios o buscan la mano de obra más barata. Es decir, las grandes multinacionales pagan poco en países occidentales, pero mucho menos en los del sur”, recuerda Pajares.
Pero, sobre todo, es necesario concienciar a gran parte de la población para que cambien sus hábitos y exijan que estos cambios se produzcan. Al final, “no todo es responsabilidad de los gobiernos, de las empresas, de voluntad individual o de la ciudadanía porque todos tienen su papel y una responsabilidad distinta”, opina Carballo. Por ello, además de reconocer los problemas, es fundamental dotarse de medios suficientes para poder dar una salida a los mismos.
