Por Sara Vigil
Un número creciente e invisible de personas están siendo desplazadas no sólo por los impactos biofísicos del cambio climático, sino también, y paradójicamente, por las medidas tomadas en nombre de combatirlo. Las políticas de mitigación y de adaptación del cambio climático basadas en un uso masivo de la tierra, como son la producción de agrocombustibles (aceite de palma, soja, azúcar, etc.) y los proyectos forestales de captura y de almacenamiento de carbono (BECCS), se encuentran entre los principales impulsores de un acaparamiento de tierras global que adquirido una magnitud sin precedentes desde la época colonial. La lógica subyacente de estas medidas es que debemos vender la naturaleza para salvarla y que prácticas insostenibles en ciertos lugares pueden ser reparadas por prácticas más sostenibles en otros (McAfee 1999; Leach et al. 2012). En vez de cuestionar nuestro modelo de producción y consumo, dichas medidas se esfuerzan por mantenerlo. Al hacerlo, se produce lo que se conoce como “acaparamientos verdes” o apropiaciones de recursos naturales con fines ambientales (Fairhead et al. 2012) que sirven para limpiar la imagen de los actores más contaminantes con impactos socio ambientales devastadores – entre los que destaca la expulsión de poblaciones locales. Aunque dichos desplazamientos no están generalmente reconocidos en el debate en torno a las llamadas ‘migraciones climáticas’, los vínculos con esta categoría son dobles: 1/ Directamente, cuando las políticas de cambio climático impulsan un acaparamiento de tierras que expulsa y desaloja a las poblaciones locales; 2/ Indirectamente, cuando dichos proyectos destruyen los recursos locales y obligan a sus habitantes a abandonar progresivamente sus tierras (Vigil 2015 a,b; 2016; 2017; 2018).
¿Quién gana y quién pierde?
Las consecuencias de las políticas climáticas sobre las poblaciones más vulnerables dependen de una gran variedad de factores, entre los que cabe señalar: los derechos de propiedad preexistentes, el poder de negociación de las poblaciones locales, la generación de empleo en otros sectores de la economía, y la distribución de costes y beneficios entre los inversores, gobiernos y las poblaciones de acogida. Si bien los acaparamientos verdes ocurren por todo el planeta, es en países en los que la protección de derechos humanos es más débil, o inexistente, donde han adquirido su mayor alcance. Como consecuencia, África es el continente más afectado seguido de América Latina y de Asia[1]. Cuando dichas iniciativas se aplican en países donde las poblaciones carecen de protección, los proyectos climáticos sirven de facto para legitimar la expulsión de los más vulnerables y concentrar el control de los recursos naturales en manos de las mismas élites políticas y económicas que causaron la destrucción medioambiental.
Por un lado, los bosques en los países en vías desarrollo suelen estar bajo el control directo de gobiernos que pueden fácilmente expropiar a sus poblaciones con el argumento de mitigar el cambio climático y obtener créditos de carbono con iniciativas como el REDD+ (Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal). Por ejemplo, en Camboya, dichos proyectos de conservación a menudo conviven y están asociados con proyectos de explotación donde los beneficios económicos de las iniciativas son capturados por las élites políticas que son responsables de una de las mayores tasas de deforestación del mundo. Aunque la presencia de ciertas actividades (principalmente corporaciones agroalimentarias e industrias extractivas) es efectivamente negativa para el medio ambiente, son las poblaciones locales y los pueblos indígenas – indiscutibles maestros en el uso sostenible de sus recursos naturales – a los que se desaloja bajo lemas medioambientales. Por otro lado, aunque los gobiernos, inversores y poblaciones locales a menudo presentan la creación de empleo como el principal beneficio de las plantaciones de agrocombustibles, la creación efectiva de empleo suele ser escasa y estacional. Por ejemplo, alrededor del Lac de Guiers en Senegal, mas de 9000 personas, cuya subsistencia primaria se fundamenta en el pastoreo, terminaron siendo perjudicadas por una plantación que, inicialmente, preveía producir agrocombustibles para el mercado europeo. Finalmente, el proyecto incumplió toda promesa de producción de agrocombustibles y de creación de empleo. La mayoría de las grandes plantaciones están altamente mecanizadas y necesitan una cantidad de mano de obra infinitamente menor que las plantaciones familiares a las que remplazan. Además, lo que no hay en estos países son otros sectores capaces de absorber la mano de obra expulsada del campo.
Repolitizar la injusticia
A pesar de los avances realizados para comprender los impactos del cambio climático sobre las migraciones, se continúa ocultando que la relación entre ambos fenómenos es de carácter político, y no meramente medioambiental. La figura de las ‘migraciones climáticas’ ha cobrado cada vez más importancia no sólo para alertar sobre las consecuencias nefastas del cambio climático, sino también para naturalizar y despolitizar sus causas. Dicha despolitización permite tanto a gobiernos como a agencias internacionales ocultar el carácter sistémico y estructural de las mismas y proponer mal llamadas soluciones ‘verdes’ que pretenden resolver los problemas del cambio climático y de las migraciones forzosas a través de los mismos mecanismos que las crearon (los mercados indomables en ausencia de protección social). Desgraciadamente, el cambio climático se ha convertido en una oportunidad comercial como cualquier otra. Aunque las medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático son necesarias e inevitables, cuando estas se hacen sin respetar los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables (alimentación, vivienda digna, agua, etc.), estas intervenciones tienden a reproducir, e incluso a acentuar, los males que ellas mismas pretenden reparar. Mientras continuamos cerrando nuestras fronteras a personas que corren peligros vitales, externalizamos no solo la gestión de la migración, sino también la mitigación de nuestras emisiones a países donde se despoja a las poblaciones locales de sus tierras bajo el lema de salvar al planeta. Dicha hipocresía no solo incrementa la expulsión social y la destrucción medioambiental, sino que contribuye a deslegitimizar el combate más existencial al que la humanidad se enfrenta. Sin justicia social, la justicia medioambiental será imposible.
Referencias:
Fairhead, James, Melissa Leach, and Ian Scoones. 2012. ‘Green Grabbing: A New Appropriation of Nature?’ Journal of Peasant Studies 39 (2): 237–61.
Leach, Melissa, James Fairhead, and James Fraser. 2012. ‘Green Grabs and Biochar: Revaluing African Soils and Farming in the New Carbon Economy’. The Journal of Peasant Studies 39 (2): 285–307.
McAfee, A. 1999. ‘Selling Nature to Save It? Biodiversity and Green Developmentalism’. Environment and Planning. D, Society & Space. 17 (2): 133.
Vigil, Sara. 2015a. ‘Displacement as a Consequence of Climate Change Mitigation Policies’. Forced Migration Review, no. 49: 43–45.
———. 2015b. ‘Une Cause Invisible de Migrations : La Tragédie de l’Accaparement des Terres’. Politiques Du Capital, Presses Universitaires de France, no. 64: 111–23.
———. 2016. ‘Without Rain or Land, Where Will Our People Go? Climate Change, Land Grabbing and Human Mobility. Insights from Senegal and Cambodia’.
———. 2017. ‘Climate Change and Migration. Insights from the Sahel.’ In Out of Africa. Why People Migrate., Ledi Publishing, 51–71. Milan, Italy: ISPI.
———. 2018. ‘Green Grabbing-Induced Displacement’. In Handbook on Environmental Displacement and Migration. Routledge.
* Investigadora asociada en el Observatorio Hugo (Universidad de Lieja, Bélgica), en el Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS, Erasmus University Rotterdam, Países Bajos) y el Instituto Italiano para Estudios Políticos Internacionales (ISPI, Milán). Sara ha sido consultora sobre cambio climático y migraciones para el Banco Mundial, la Iniciativa Nansen y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). También ha colaborado en proyectos con la Organización Internacional para las Migraciones (IOM) y ha sido profesora asociada en Sciences Po Paris, Paris 13 Sorbona, y en la Escuela de Periodismo y Comunicación de Bruselas (IHECS).
E-mail: saravigil@ulg.ac.be / vigil@iss.nl
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[1] Cifras concretas en The Land Matrix: http://www.landmatrix.org/en/
