El desplazamiento forzado en todas sus categorías alcanza cotas sin precedentes. Sin embargo, se produce en un contexto de protección cada vez menor. Actualmente, están tomando cuerpo dos dinámicas que avanzan en sentido contrario a las necesidades del desplazamiento global, y amenazan con una gran colisión:
1) El lento y constante recorte en el cumplimiento de la legislación internacional en materia de asilo y refugio, mientras sigue ausente una legislación vinculante que proteja a los desplazados forzados por causas ambientales, incluidas las climáticas;
2) La securitización de la movilidad humana –es decir, la consideración de la movilidad como amenaza que hay que tratar desde la seguridad– y la militarización de las fronteras de los países centrales, alentada por presiones de intereses privados y discursos racistas y xenófobos. Ambos procesos están creando una profunda crisis global en torno a la movilidad humana que vulnera los derechos de millones de personas y que enrarece el clima del debate político.
En relación a la primera dinámica, los Estados postindustriales están convirtiendo en papel mojado la Convención de Ginebra de Asilo y Refugio de 1951, el instrumento más asentado de protección internacional para quienes se desplazan por causas políticas. Actualmente, demandantes legítimos de asilo bregan junto a todos los demás por cruzar las fronteras internacionales, negándoles un derecho reconocido internacionalmente. Sin embargo, más de 40 Estados –incluidos algunos europeos– han iniciado o culminado procesos de revisión y recorte de sus leyes nacionales de protección de los refugiados. Pero el cierre de fronteras afecta a otras muchas personas cuyos derechos también se lesionan, ya que la movilidad está recogida desde 1948 entre los derechos humanos. El art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge el derecho a circular por el país natal y a salir de cualquier país, incluido el propio.
Respecto a la segunda dinámica, está en pleno desarrollo la securitización de la movilidad y la militarización de las fronteras, que se produce precisamente cuando los países centrales pierden el interés por recibir migrantes regulares porque la globalización económica ha permitido la externalización productiva a los países periféricos, de donde procede la mayor parte de los desplazados que tratan de alcanzar el mundo rico de forma irregular. Por descontado, sí se mantiene una rendija para que entre de forma irregular la mano de obra que demandan la agricultura industrial y los empleos de cuidados, y es precisamente la condición de irregularidad lo que permite la explotación de estos trabajadores y trabajadoras con salarios de hambre. Es decir la entrada selectiva es funcional al sistema en esta etapa del capitalismo.
A fines de 2020 se levantan al menos 63 muros en el mundo que impiden la entrada de las personas que se desplazan. Desde los años noventa se han construido en Europa cerca de 1.000 km de muros, y se han implementado barreras marítimas y sistemas de vigilancia y control fronterizo.
El blindaje de fronteras beneficia primordialmente al negocio de las rutas migratorias y a la industria de la seguridad. Si bien es difícil estimar los ingresos del primero dada su ilegalidad, respecto al segundo sí existen datos ilustrativos. La Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas, antes Frontex, ha multiplicado su presupuesto en sus 15 años de existencia de 6 a 346 millones de euros, como aparece en la Figura 1.
Figura 1. Evolución del presupuesto de Frontex 2005-2020 y previsiones
(en miles de millones de euros)
Fuentes: Akkerman, 2018.
La Guardia de Fronteras estadounidense vive un proceso similar, con un despliegue del aparato fronterizo de EEUU en los últimos 25 años y un fuerte crecimiento del presupuesto en control de fronteras, que ha pasado de 1.500 millones de dólares en 1994 a 24.000 millones en 2019.
En el presupuesto 2021-2027, la UE propone triplicar la partida para migración y control de fronteras (con 30.600 M€), y destinar otros 24.300 millones a seguridad y defensa, lo que se traducen en su mayoría en contratos para las empresas. Este sector presiona incansablemente en los centros de poder por políticas más y más restrictivas.
El fortalecimiento de los presupuestos de seguridad fronteriza corre paralelo a la normalización de visiones excluyentes y xenófobas en amplios sectores políticos. Aunque la securitización y la militarización fronteriza se justifica en base a una supuesta “avalancha” de llegadas irregulares,[1] los datos confirman un panorama muy distinto: desde 2016 decaen las llegadas irregulares están decayendo desde 2016 tanto en la frontera entre México y EEUU como en la Frontera Sur de Europa (habrá que ver cómo incide finalmente en las cifras totales el aumento de llegadas a Canarias del último trimestre de 2020). Conviene recordar que dentro de las cifras de quienes se desplazan, una parte son personas que han tendido que dejar sus hábitats por causas ambientales. Con la COVID-19, algunos Estados europeos han paralizado la gestión de solicitudes de asilo, y alrededor del mundo la pandemia se ha aprovechado para reforzar los obstáculos de entrada y aplicar medidas de fuerza contra quienes se desplazan.
Las perspectivas, al menos para Europa, no son muy halagüeñas para la movilidad humana en general. En septiembre pasado, la Comisión Europea presentó el Pacto de Migración y Asilo, una propuesta para un nuevo acuerdo en materia de movilidad que, si bien menciona su coordinación con otras políticas –como la medioambiental o la climática–, no menciona a quienes se desplazan por causas ambientales. Aunque introduce alguna ligera mejora al proponer un marco común de asilo, mantiene el discurso netamente securitario y refuerza la vigilancia exterior. Pese a hablar de solidaridad, sanciona la “seguridad a la carta”, donde unos países acogen y otros apoyan en las devoluciones. Si sale adelante, implicará inversiones de más de 417.000 millones entre 2021 y 2027, y casi 30.000 millones de euros más para reforzar el sistema biométrico de Eurodac.
Así, medida a medida, se van construyendo las políticas que regulan la movilidad humana, y determinando si esta se podrá realizar con derechos o no. El signo de las políticas que se adoptan marcará, sin duda, si en el contexto de la crisis ecosocial avanzamos a marcos de convivencia y cohesión social, o hacia una mayor fragmentación, polarización y conflicto.
[1] Frente al relato hiperbólico de la llegada de pateras y cayucos, la realidad es que por cada inmigrante que llega al territorio europeo de forma irregular hay 206 que lo hacen con sus pasaportes en regla a través de avión, barco o automóvil. Álvaro Bravo y Fermín Grodira, «El ingente crecimiento de Frontex no frena la llegada de migrantes a España», Público, 21 de junio de 2019.
