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La Resolución 6/2018, adoptada en la 78ª Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional (ILA, por sus siglas en inglés) que tuvo lugar en Sídney, Australia, entre el 19 y el 24 de agosto de 2018, supone un avance hacia el reconocimiento y la protección jurídica de quienes migran por motivos climáticos. La Resolución hace referencia, en concreto, a los desplazamientos relacionados con la elevación del nivel del mar, que se espera, para 2100, según el último informe de Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (2014), entre 26 cm y 98 cm por encima de los niveles de 1990.
La Declaración, titulada “Sidney Declaration of Principles on the Protection of Persons Displaced in the Context of Sea Level Rise”, tiene como objetivo guiar a los Estados a la hora de abordar y mitigar el desplazamiento de personas por la elevación del nivel del mar basándose en disposiciones jurídicas, principios y marcos jurídicos internacionales.
Dentro de los principios incluidos en esta Declaración, destacan: la responsabilidad de los Estados de proteger y asistir a las personas afectadas por la elevación del nivel del mar, el deber de respetar sus derechos humanos, de emprender acciones y de cooperar. Asimismo, los Estados deben tomar las medidas necesarias para evacuar a las personas afectadas cuando lo necesiten y bajo su consentimiento, planificar las reubicaciones que sean necesarias, revisar sus leyes migratorias y proteger y ayudar a quienes se desplacen internamente. Finalmente, el Principio 9 establece que los Estados deben admitir a quienes crucen fronteras internacionales si están en riesgo o ya han sido afectados por desastres relacionados con la elevación del nivel del mar.
