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El fenómeno de las migraciones climáticas cataliza hoy en día algunos de los principales problemas de la sociedad moderna en el Ecuador y el mundo: la frecuencia e impacto del fenómeno del niño, la contaminación de fuentes naturales de agua, los incendios forestales, la sobreexplotación de los recursos naturales, la presión demográfica, la discriminación y la pobreza estructural y la incertidumbre de los países receptores de los altos flujos de personas refugiadas. Aunque es reconocido que no solo los conflictos son causantes de los desplazamientos forzados, es difícil cuantificar cuantas personas están siendo desplazadas debido a condiciones adversas ambientales. Los cálculos más recientes estiman alrededor de entre 200 y 300 millones de migrantes ambientales en el mundo para el año 2050.
Otros problemas se añaden a la dificultad de cuantificar estos desplazamientos, como son los instrumentos técnicos y legales. Estos son complicados de superar debido a la diferencia de enfoques, por ello los términos “refugiado, desplazado o migrante ambiental” no son incorporados en ninguno de los acuerdos internaciones como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Sin embargo, poco a poco se empiezan a identificar iniciativas que reconocen la necesidad de vincular ambas temáticas en nuevos compromisos e iniciativas internacionales, como la conferencia internacional sobre cambio climático (COP 16, en Cancún 2010), la Iniciativa Nansen en 2012 o la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015, conocida como Cumbre de París (COP 21), entre otras. Bajo estos acuerdos internacionales se implementan y ejecutan estrategias políticas orientadas a visualizar el cambio climático en políticas migratorias, a transversalizar la migración ambiental en estrategias de desarrollo y reducción de pobreza, a dar respuestas humanitarias oportunas frente a emergencias, reducir el riesgo de desastres naturales y proteger los derechos humanos en el marco de la justicia climática.
Este documento, titulado “Hacia el Desarrollo de Políticas Públicas Locales en Movilidad Humana, en el Contexto de Desastres Naturales y Cambio Climático: el Caso del Gobierno de la Provincia de Pichincha” (Ecuador) es el resultado del trabajo conjunto entre el Programa PRODEM de la GIZ, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (GADAPP) y el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOP) para asumir el reto de enfrentar a la complejidad e incertidumbre que plantea el vínculo entre ambas temáticas y dar respuesta a la protección de los derechos de las personas desplazadas en contextos de desastres naturales y cambio climático. Tres son los principales hallazgos y lecciones aprendidas de la iniciativa Pichincha: i) la institucionalización de los temas migratorios y de cambio climático dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano y Ambiente, ii) que no se debe subestimar la presencia de migrantes ambientales en ningún territorio o región, aunque las condiciones climáticas y el deterioro ambiental no sean identificadas como extremas, iii) que las propuestas de desarrollo de políticas públicas no deben pasar únicamente a través de la incorporación de los temas migratorios y ambientales a la planificación territorial.
