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“El pueblo quiere saber de qué se trata”: el derecho de acceso a la información pública y las migraciones ambientales en América Latina y el Caribe

/ Blog

Por Ignacio Odriozola

Los desastres y los efectos adversos del cambio climático, además de representar factores que amenazan directamente el goce de derechos humanos fundamentales, son uno de los principales motores de migración del siglo XXI.

El estudio de las migraciones ambientales aún cuenta con una serie de desafíos. Junto con la ausencia de una definición jurídica vinculante que categorice al “migrante ambiental”[1], otro de los principales obstáculos en la materia es la deficiencia en la recolección de datos respecto de las personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento.

Junto con la ausencia de una definición jurídica vinculante que categorice al “migrante ambiental”[1], otro de los principales obstáculos en la materia es la deficiencia en la recolección de datos respecto de las personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento

En este contexto, América Latina y el Caribe, por un lado, se constituye como una de las regiones del planeta de mayor fragilidad y vulnerabilidad frente a los desastres y el deterioro medio ambiental. A modo de ejemplo, según estimaciones del Banco Mundial, hacia el año 2050 al menos 17 millones de personas se habrán desplazado internamente como consecuencia -únicamente- del cambio climático con impacto de evolución lenta.[2]

Por otra parte, la región latinoamericana representa un bastión en materia de “Acceso a la Información Pública”. La mayoría de los Estados que la compone reconoce este derecho, cuenta con legislación en la materia y, muchas de estas normativas, sea de manera directa o indirecta, permiten su implementación para conocer asuntos ambientales.

Entonces, debemos preguntarnos: ¿podría el derecho de acceso a la información pública actuar como un medio para profundizar el conocimiento de las migraciones ambientales?

Acceso a la información pública (ambiental) y el Acuerdo Regional de Escazú

Acceder a la información pública constituye un sistema que facilita la evaluación y el control del poder estatal, mientras que contribuye a garantizar la transparencia de los actos de gobierno. Su ejercicio permite a toda persona en calidad de sujeto activo, solicitar al Estado la información que posea, o en su defecto su producción, y obligarlo a que, en calidad de sujeto pasivo, haga entrega de ella al solicitante.

América Latina y el Caribe se encuentran a la vanguardia en esta materia. Con excepción de Bolivia, Costa Rica, Cuba y Venezuela, prácticamente todos los Estados de la región cuentan en el ámbito doméstico con leyes y sistemas que garantizan este derecho. Según la UNESCO, algunas de las leyes latinoamericanas están consideradas entre las mejores del mundo. Asimismo, el derecho de acceder a la información pública ha sido reconocido como un derecho humano.[3]

Desde el plano del derecho internacional ambiental, y como derivado del anterior, se considera como principio básico el derecho de acceso a la información pública ambiental. Su reconocimiento comenzó con la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en cuyo Principio 10° se indicó: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados…” para luego agregar que “toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente (…)”. Sucesivas declaraciones y acuerdos regionales e internacionales ayudaron a formar, fomentar y a fortalecer este principio.

Antonio Berni, La marcha de los cosecheros, 1972

En el ámbito de América Latina y el Caribe, como corolario de este proceso, en marzo de 2018, se adoptó en el marco de la CEPAL el Acuerdo de Escazú. Este tratado vinculante, que entrará en vigor cuando sea depositada la undécima ratificación exigida por el mismo instrumento[4], tiene propósitos claros: garantizar el derecho de toda persona a acceder a la información ambiental, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.

Entre otras cosas, el acuerdo prevé el derecho de acceder a la “información ambiental”, sobre todo a aquella que esté relacionada con los riesgos y los posibles impactos adversos asociados, y facilita el acceso a ella de las personas en situación de vulnerabilidad. Las autoridades competentes deberán generar, recopilar y poner a disposición del público la información relevante o divulgar aquella que permita al público tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños. También, alienta la participación pública en la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos. Finalmente, siempre que alguno de estos derechos sea denegado, el acuerdo garantiza el acceso a una revisión judicial. [5]

En otras palabras, el articulado de este acuerdo eleva los estándares y el entramado normativo existente en la región en materia de acceso a la información pública ambiental; eventualmente refuerza las obligaciones vigentes en el ámbito doméstico y, en su defecto, llena un vacío legal.

Y, si bien es cierto que en el Acuerdo de Escazú no se hace ninguna referencia a las migraciones ambientales, su implementación podrá ser sumamente útil para comprenderlas: bastará con una solicitud para que el aparato estatal ponga a disposición los medios necesarios para otorgar la información requerida. De lo contrario, si el Estado la deniega, se podrá acudir a la justicia, y si no cuenta con ella, deberá producirla.

Entonces, puede hallarse en el derecho de acceso a la información pública ambiental, fortalecido con el Acuerdo de Escazú, un medio para lograr dos fines.

Por un lado, contribuir al conocimiento fehaciente y dinámico – a partir de la recolección de datos e información empírica y estadística – de indicadores, tendencias y patrones de movilidad humana relacionada con factores ambientales, que ayuden a mejorar la gobernanza de las migraciones ambientales.

Por otro lado, servir como un importante instrumento de prevención. Las comunidades desplazadas y, principalmente, aquellas que se encuentran en riesgo de desplazamiento, podrán obtener información respecto de los riesgos a los que están expuestas. Así, conocer los proyectos, las políticas y las medidas que pueden afectar el ambiente y sus derechos, puede evitar desplazamientos, permitir a las comunidades mejorar su preparación, fortalecer su resiliencia, y exigir medidas por parte de los órganos estatales para reducir y prevenir riesgos.

Mientras año a año aumentan en la región latinoamericana los desastres y los efectos adversos del cambio climático, crece el interés por comprender el fenómeno de las migraciones ambientales y aumenta la necesidad de acceder a información pública que ayude a tal fin

Mientras año a año aumentan en la región latinoamericana los desastres y los efectos adversos del cambio climático[6], crece el interés por comprender el fenómeno de las migraciones ambientales y aumenta la necesidad de acceder a información pública que ayude a tal fin. También, vuelve con más fuerza aquella frase que caracterizó la Revolución de Mayo de 1810, una de las primeras revoluciones independentistas de América Latina y el Caribe: “el pueblo quiere saber de qué se trata”.

Ignacio Odriozola se desempeña como abogado en la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación (Argentina). Es miembro investigador en la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (RESAMA) y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha sido consultor para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

[1] Las definiciones de “migrante ambiental” han sido propuestas primordialmente por académicos, organizaciones e instituciones. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), define a los migrantes ambientales como “personas o grupos de personas que debido a, principalmente, cambios repentinos y graduales en el medio ambiente, que inciden negativamente en sus vidas o en sus condiciones de vida, se ven obligados, o deciden, a abandonar sus viviendas habituales, ya sea de manera temporal o permanente, y se desplazan a otras partes de su propio país o fuera del mismo”. Sin embargo, su conceptualización no es jurídicamente vinculante ni cuenta con el respaldo de la comunidad internacional.

[2] World Bank. GROUNDSWELL Preparing for internal climate migration. March 2018.

[3] La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13.1, asegura a toda persona el derecho a buscar, recibir y difundir información que se encuentre bajo control del Estado. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó la condición de derecho humano del Acceso a la Información Pública y ha tenido la oportunidad de vincularlo con el desarrollo sostenible y la protección ambiental (Claude Reyes vs. Chile). También, indicó que recae sobre los Estados el deber de suministrar información necesaria para poder ejercer otros derechos y que estos tienen la obligación de respetar y garantizar el acceso a la información relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente (OC 23/17).

[4] A la fecha de redacción de este artículo, 16 de los 33 países que conforman la CEPAL han firmado -ninguno ratificado- el Acuerdo de Escazú: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay. Entre los 24 países que negociaron el texto, resalta la ausencia de firma por parte de Chile y Colombia.

[5] Ver del Acuerdo de Escazú artículos: 2.C, 5.3 y 5.4, 6.1, 6.5, 7.3 y 8.2.A, entre otros.

[6] CEPAL/UNICEF, Niñez y desastres en América Latina y el Caribe, mayo 2017.

 

 

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