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Hacia la construcción de políticas públicas de movilidad humana en contexto de desastres naturales y cambio climático en la región Andina

/ Blog

Por Sergio Ruiz

El fenómeno del cambio climático cataliza hoy uno de los principales problemas de la sociedad moderna. Entre las poblaciones más vulnerables al cambio climático se encuentran la de Latinoamérica y El Caribe (LAC), y aunque los impactos varían de una región a otra, los países andinos se encuentran entre las zonas con mayor riesgo (Iniciativa Nansen, 2015 citado en Ruiz y Carvajal, 2016). Aquí se prevé que las variaciones en los patrones de precipitación provoquen alteraciones en el ciclo hídrico, aumentando las inundaciones repentinas o largas sequías, con el consiguiente peligro de incendios forestales (OIM, 2010); también el aumento de temperaturas contribuirá al derretimiento de los glaciares, reduciéndose considerablemente las reservas de aguas dulces y ocasionando tensiones de abastecimiento de agua entre los habitantes (Oetzel y Ruiz, 2017).

Adicionalmente, el cambio de uso del suelo por la expansión de la superficie agrícola de producción intensiva, la contaminación del agua, suelo y aire, la deforestación, y la degradación de las tierras están afectando los medios de vida de poblaciones rurales. Se prevé que los cambios en temperatura influyan en la productividad agrícola y, por ende, repercutan en la seguridad alimentaria y en la salud colectiva; se espera un aumento de la morbilidad, desnutrición y las discapacidades, contribuyendo al surgimiento de enfermedades en zonas donde antes no eran endémicas. Esta situación ya es evidente en regiones áridas que albergan un 30% de la población del continente, es decir aproximadamente unas 115 millones de habitantes (IPCC, 2014).

Contabilizando todos los tipos de eventos de desastres naturales, se estima que alrededor de ocho millones de personas, solo en Suramérica fueron desplazadas internamente entre los años 2000 y 2015. Según estimaciones, para el 2050 aproximadamente 17 millones de personas estarán obligadas a salir de sus hogares en el continente (Rigaud et al., 2018). Considerando que no existen registros oficiales, especialmente en el caso de desplazamiento internos, las proyecciones de personas desplazadas podrían ser indudablemente superior. La mayoría de estos desplazamientos ocurren de zonas rurales productivas a centros urbanos; en la LAC, estos y otros procesos de movilidad humana están contribuyendo a un crecimiento urbano acelerado, que hasta 2050 se calcula que el 90% de la población se concentrará en ciudades (ONU-HABITAT, 2012 citado en CDKN, 2017).

Las respuestas internacionales a los problemas de la migración ambiental normalmente se encuentran ancladas a estrategias de adaptación en el contexto de cambio climático. A las poblaciones afectadas se las trata inicialmente como “damnificados”, otorgando ayuda humanitaria en el lugar de desastres. No existen registros y documentación que sirvan como fuentes de información y contribuyan a desarrollar análisis históricos de las causas y consecuencias de estos eventos; la memoria de todos estos acontecimientos periódicos se refleja en carencia de derechos constitucionales de las migraciones forzadas así como en los vacíos jurídicos, conceptuales y políticos que impiden reaccionar ante las necesidades y requerimientos de los grupos vulnerables (Ferro, 2016).

Uno de los pocos país andinos que reconoce el derecho de los migrantes o desplazados climáticos es Bolivia; no obstante, en general no existen mecanismos ni instrumentos políticos que contemplen acoger la entrada de la población afectada transfronteriza e incluso en caso de desplazamientos internos, sus derechos como ciudadanos no son reconocidos plenamente por las políticas estatales. Esta falta de garantía de derechos confronta a los desplazados climáticos a una doble vulnerabilidad: por un lado, en el lugar de origen se convierten en víctimas del calentamiento global y el deterioro ambiental que debilita su entorno y sus medios de subsistencia; por otro lado en el lugar de destino, su identidad personal se encuentra “invisibilizada”, ignorándose así su pertenecía a una comunidad, el derecho de vinculación laboral, o el acceso a servicios de salud y educación (Gioli y Milán, 2017).

A pesar de la importancia de la problemática, en la LAC solo existen estudios generales y estadísticas basadas en predicciones y estimaciones globales de eventos ocurridos en el pasado; las literatura y estudios disponibles han sido desarrollados en contextos que vinculan estudios de casos aislados, promovidos por instancias de cooperación internacional u ONG. Esta situación repercute en el desarrollo de instrumentos y políticas públicas principalmente a nivel local, donde los gobiernos de la ciudad se encuentran sobre exigidos para dar respuesta coherente a un sinnúmero de problemas socio-ambientales; una implementación efectiva de acuerdos y normas públicas locales contribuiría también a retroalimentar políticas públicas nacionales y regionales.

El no considerar la migración ambiental forzada en las políticas públicas locales y nacionales repercute en el crecimiento económico, incrementa los riegos de conflictos sociales y empeora los indicadores de pobreza. A pesar de los avances macroeconómicos de LAC, esta nueva constelación está significado solo traspasar la problemática socio-ambiental de las últimas décadas, de los lugares de origen a los nuevos lugares de destino.

 

Bibliografia

Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) (2017): Acción local con impacto global 8 ciudades latinoamericanas avanzan hacia un desarrollo compatible con el clima. https://cdkn.org/wp-content/uploads/2017/07/DT_Huellas-12-07-2017-FINAL.pdf (visitado en septiembre, 2017).

FERRO, Mauricio (2016): El reconocimiento del Estatuto de Refugiado por la afectación a Derechos Fundamentales como consecuencia del Cambio Climático. Observatorio Medioambiental, Norteamérica, 19, dic. 2016. Disponible en: <http://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/article/view/54173>.

IPCC’s Working Group II, Contribution to the Fifth Assessment Report, released in March 2014: IPCC 5AR, WG2, Volume 1, Chapter 12, (2014), Disponible en: ‹http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/›.

Gioli, Giovanna y Milán, Andrea. (2014): Migration as an Adaptation Strategy and its Gendered Implications: A Case Study From the Upper Indus Basin. Mountain Research and Development 2014 34 (3), 255-265

Oetzel, R. y Ruiz, S. (2017): Movilidad humana, desastres naturales y cambio climático en América Latina – De la comprensión a la acción -. Ministerio Federal de Cooperación Alemana, Cooperación Técnica Alemana, Red Sectorial GADer-ALC y RED Sectorial LAC. Disponible en: https://environmentalmigration.iom.int/movilidad-humana-desastres-naturales-y-cambio-clim%C3%A1tico-en-am%C3%A9rica-latina-de-la-comprensi%C3%B3n-la

Rigaud, Kanta Kumari; de Sherbinin, Alex; Jones, Bryan; Bergmann, Jonas; Clement, Viviane; Ober, Kayly; Schewe, Jacob; Adamo, Susana; McCusker, Brent; Heuser, Silke; Midgley, Amelia. (2018): Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration. World Bank, Washington, DC., World Bank. Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461 License: CC BY 3.0 IGO

Ruiz, S. y Carvajal, M. (2015): Hacia el desarrollo de políticas públicas locales en movilidad humana, en el contexto de desastres naturales y cambio climático: El caso del Gobierno de la Provincia de Pichincha. GIZ, GAD-Pichincha, CONGOPE. Disponible en: http://181.112.151.230:8081/attachments/download/264/Cambio%20Clim%C3%A1tico%20y%20Movilidad%20Humana.pdf

 

Sergio Ruiz

Profesor Investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar- Sede Ecuador, bajo la figura de experto Integrado de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ)

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