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La gente «de ningún lugar»

/ En los medios

The Hindu /

Las personas que migran debido a desastres ambientales deben ser reconocidas como «refugiadas» en el derecho internacional

Un número cada vez mayor de personas en todo el mundo se enfrentan al desplazamiento debido a las sequías, las hambrunas, el aumento del nivel del mar y otros desastres naturales causados por el cambio climático. Este tipo de migrantes ha sido etiquetado comunmente como «refugiados ambientales». De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, un organismo internacional que revisa las tendencias del desplazamiento interno, alrededor de 24 millones de personas están siendo desplazadas anualmente por desastres naturales desde 2008. Esta crisis hará que casi medio billón de personas en el mundo sean refugiados ambientales a finales del siglo.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados (1951) otorga ciertos derechos a las personas que huyen de la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, afiliación a un grupo social particular u opinión política. Los derechos que tienen derecho a seguir los principios de no discriminación, no penalización y no devolución. Sin embargo, las personas que emigran debido a desastres ambientales no reconocen su condición de «refugiado» en el derecho internacional, dejándolos sin derechos básicos de rehabilitación y compensación. En septiembre de 2015, en el período previo a la 21ª Conferencia de las Partes (COP 21) en París, Nueva Zelanda negó a un hombre y a su familia el asilo. Ioane Teitiota de Kiribati, quien lo había buscado por ser un «refugiado medioambiental», perdió su apelación ante el Tribunal Supremo de Nueva Zelanda, que rechazó el argumento de que se enfrentaba a la persecución debido al cambio climático al no estar recogida bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados. Finalmente fue deportado a su isla natal, que atestigua regularmente los problemas ambientales, incluyendo tormentas, inundaciones y contaminación del agua.

La decepción de París

El Acuerdo de París ofreció una oportunidad única para poner las cosas claras al abordar el desafío del aumento de los refugiados ambientales. Antes de que comenzaran las negociaciones, se hicieron numerosas peticiones para incorporar maneras de abordar la migración climática en el acuerdo final. Entre ellas figuraban el reconocimiento de la amenaza que suponía el cambio climático para los medios de subsistencia y la seguridad humana, y los refugiados o migrantes medioambientales afectados por el cambio climático; prestar apoyo técnico y de creación de capacidad a las iniciativas nacionales y locales que aborden ese desplazamiento y el desarrollo de políticas adecuadas para manejar las pérdidas y los daños al abordar el desplazamiento inducido por el cambio climático. Sin embargo, el Acuerdo de París está muy por debajo de estas expectativas. Si bien algunos aclaman este acuerdo por aludir a los derechos de los «migrantes» en su Preámbulo, es un anémico intento de apreciar la gravedad de esta crisis. También hay poco seguimiento en el texto del acuerdo para abordar este problema.

El acuerdo, en el párrafo 50 de la sección de pérdidas y daños, crea un grupo de trabajo que se basa en el trabajo existente y elabora recomendaciones para abordar la migración climática. Pero esto carece de sentido por dos razones principales: primero, las recomendaciones del grupo de trabajo no tienen autoridad vinculante; y segundo, no se proporcionan detalles sobre sus funciones, operaciones, financiación y otros aspectos. Esta ambigüedad erosiona aún más la confianza en la capacidad realista de este grupo de trabajo para abordar eficazmente la migración climática.

El camino a seguir

Casi un año después del Acuerdo de París, su importancia para mostrar la voluntad política colectiva de tomar medidas significativas contra el cambio climático no puede ser socavada. Sin embargo, esto no debe excusar sus deficiencias al abordar una creciente población de refugiados ambientales.

El borrador del Acuerdo de París discutido antes de la COP 21 preveía un Mecanismo de Coordinación para el Desplazamiento del Cambio Climático. Esta instalación tenía por objeto la migración organizada y la reubicación prevista de personas desplazadas, la obtención de socorro de emergencia y la indemnización de los desplazados, acciones más significativas que las del grupo de tareas del Acuerdo de París. Desafortunadamente, este mecanismo de coordinación no llegó al texto final del acuerdo, pero quizá valga la pena reconsiderar su establecimiento.

Si bien esta facilidad de coordinación puede proporcionar apoyo a corto plazo para reubicar a los migrantes y rehabilitarlos en regiones más seguras, una solución permanente requiere un marco internacional de tratados que reconozca a los «refugiados ambientales» y las obligaciones de los Estados nacionales de acomodarlos dentro de sus territorios. Ya estamos presenciando un mundo reaccionario hacia los refugiados políticos. El Brexit y la elección de Donald Trump son dos eventos que dan testimonio de la paranoia subyacente hacia los inmigrantes. Ignorando a los refugiados ambientales o su estatus bajo el derecho internacional se mantiene el limbo legal y pone en peligro su supervivencia.

Este escenario se puede evitar ampliando el ámbito de la actual Convención de las Naciones Unidas sobre Refugiados para incluir la migración climática o creando un marco de tratados independiente que aborde de manera integral los desafíos de la migración inducida por el cambio climático. También es pertinente mencionar que, si bien la India, los Estados Unidos y China han ratificado el Acuerdo de París, no hay mucho debate sobre las medidas que deben adoptar los tres mayores emisores de gases de efecto invernadero. La ausencia de este tipo de discurso es irónico dado que se prevé que los tres países sufrirán enormemente la migración inducida por el cambio climático, lo que provocará el desplazamiento a gran escala de sus propias poblaciones. Por lo tanto, debe ser de interés colectivo dirigir esfuerzos para encontrar una solución internacional a este problema antes de que el daño se vuelva irreparable.

Ameen Jauhar es investigadora en el Centro Vidhi de Política Legal, Nueva Delhi.

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