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La movilidad humana en el contexto climático: Un análisis de las políticas climáticas nacionales en América Latina

/ Blog

Por Diogo Andreola Serraglio

América Latina es uno de los lugares más expuestos al cambio climático en todo el mundo debido a la mayor incidencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, que han causado importantes pérdidas humanas y económicas. Las vulnerabilidades socioeconómicas, asociadas con los riesgos ambientales, debilitan la capacidad de adaptación de las comunidades locales e impactan en los patrones actuales de movilidad humana.

Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), solo en 2017, 4,5 millones de personas fueron desplazadas por riesgos ambientales en las Américas, lo que representa el 23,8% del total a lo largo de ese año. Además de los tres huracanes principales, Harvey, Irma y María, que azotaron la costa y, como resultado, desplazaron a más de 3 millones de personas, las inundaciones también constituyeron una causa sustancial de la movilidad humana en la región: por ejemplo, las inundaciones en Perú desarraigaron a cerca de 300.000 ciudadanos de sus hogares. En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) atestigua que 93 de 335 desastres registrados a nivel mundial en 2017 tuvieron lugar en este continente. No es sorprendente, por lo tanto, que el 53% de todas las pérdidas económicas relacionadas con las desgracias climáticas provengan de esta ubicación en el período comprendido entre 1998 y 2017.

En 2018, en el continente tuvo lugar el 9,8% de todos los desplazamientos resultantes de eventos extremos, lo que representa aproximadamente 1,7 millones de personas. Este número es cuatro veces mayor que los 404.000 individuos obligados a huir de los conflictos armados. Además de los períodos prolongados de sequía y las frecuentes inundaciones, los huracanes impulsaron, una vez más, la mayoría de los nuevos procesos migratorios en la región. Aunque el número de movimientos forzados en 2018 fue menor que el año anterior, los episodios relacionados con el clima siguen siendo el principal desencadenante de los desplazamientos internos, especialmente en los países latinoamericanos.

Ante esta realidad, se ha avanzado en el reconocimiento de los vínculos entre el cambio climático y la movilidad humana a través del desarrollo de nuevos marcos internacionales. Entre ellos, se destaca el Acuerdo de París de 2015 y su solicitud al Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños (WIM, por sus siglas en inglés) de establecer un Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento (Task Force on Displacement, TFD). Las recomendaciones de la TFD se pusieron a disposición en la 24ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a fines de 2018. Entre otros aspectos, el documento refuerza la necesidad de fortalecer las herramientas institucionales vinculadas al tema a nivel nacional.

En este sentido, los países latinoamericanos han integrado la movilidad humana y los temas relacionados en sus políticas climáticas nacionales[1], así como en otros instrumentos relevantes, como los Planes Nacionales de Adaptación (PNA) y las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). El análisis de dichos documentos permite una visión más amplia de cómo las estrategias políticas y normativas del régimen climático internacional están haciendo frente a los movimientos humanos dentro de las fronteras nacionales.

Aunque los PNA pueden considerarse herramientas clave para impulsar la movilidad humana como estrategia de adaptación, contribuyendo a una mejor coordinación de políticas, solo tres Estados latinoamericanos han presentado sus planes de adaptación hasta ahora: Brasil, Chile y Colombia. El PNA de Brasil menciona la migración como una posible estrategia de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y considera la necesidad de adoptar medidas para mejorar la comprensión, coordinación y cooperación con respecto al desplazamiento inducido por el cambio climático, la migración y la reubicación planificada. Los PNA de Chile y Colombia, a pesar de reconocer la relación entre los flujos de población y los eventos extremos, no integran el tema en ninguna de las medidas propuestas o planes sectoriales previstos.

De los 21 Estados en la región que han presentado sus NDC a la CMNUCC hasta el momento, 6 de ellas reconocen la movilidad humana. Estas son: Colombia, Ecuador, Haití, México, Surinam y Uruguay. Colombia aborda la movilidad humana en el contexto de su proceso de pacificación, identificando la migración como un fenómeno que intensifica la presión ambiental. Ecuador alienta la elaboración de políticas para gestionar movimientos humanos temporales y/o permanentes asociados con los efectos adversos del cambio climático. Por su parte Haití, México, Surinam y Uruguay se refieren a la reubicación planificada como una estrategia de adaptación para hacer frente, respectivamente, a los desastres ambientales en las zonas urbanas, los asentamientos humanos irregulares en las zonas de riesgo, la exposición a la erosión costera debido al aumento del nivel del mar y las áreas propensas a inundaciones. El NDC de Uruguay citó el Plan Nacional de Reubicación, programa adoptado en 2010 para reasentar a las familias socialmente desfavorecidas que viven en áreas propensas a inundaciones y/o contaminadas. En este contexto, cabe señalar que alrededor de 1.715 hogares fueron reubicados de 2010 a 2016.

Dicho esto, desde la firma del Acuerdo de París las leyes climáticas nacionales de 7 países latinoamericanos entraron en vigor y/o fueron revisadas de : Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Perú, Paraguay y Uruguay[2]. A excepción de las normas climáticas colombianas y paraguayas, todas ellas incluyen disposiciones generales sobre movilidad humana, generalmente entendiéndola como uno de los impactos del cambio climático. Por ejemplo, la Política Nacional de Uruguay sobre Cambio Climático se centra en los planes de reubicación para las comunidades vulnerables que viven en zonas de riesgo climático, teniendo en cuenta la mejora de la creación de capacidad y la resistencia para hacer frente a las consecuencias de los peligros relacionados con el clima.

La Ley General de Cambio Climático de México de 2012, revisada en 2018, aborda el tema principalmente desde la perspectiva del desplazamiento interno. Además de establecer que el Estado debe respetar los derechos humanos de los migrantes en el establecimiento de cualquier política climática nacional, se alienta a las entidades administrativas de todos los niveles a comprometer la movilidad humana en el contexto de las respuestas de adaptación al cambio climático. De ese modo, se evitarían los desplazamientos causados por eventos extremos dentro de las fronteras nacionales.

Por su parte, la Ley Marco peruana sobre cambio climático innova al brindar una definición de migrantes ambientales, así como al establecer el desarrollo de medidas específicas para proteger a los amenazados por los peligros naturales y/o inducidos por el clima. La legislación aún está pendiente de una nueva regulación y borrador de un Plan de Acción será pronto emitido por el gobierno nacional.

A la luz de lo anterior, a medida que los vínculos entre la movilidad humana y el cambio climático se vuelven cada vez más evidentes, el asunto debe considerarse un tema clave de las agendas nacionales cuando se trata del desarrollo de políticas nacionales y otras estrategias normativas que aborden los impactos del cambio climático. En los PNA y los NDC no se exploran lo suficiente como instrumentos para examinar a fondo todos los desafíos inherentes al tema, además, la mayoría de las referencias a la movilidad humana en las políticas climáticas nacionales siguen siendo genéricas.

Aunque se han realizado diferentes esfuerzos para reconocer los procesos de migración, desplazamiento y reubicación planificada en el contexto de los efectos adversos del cambio climático, todavía se requieren medidas específicas y efectivas para hacer posible la migración como estrategia de adaptación, para evitar y gestionar mejor los desplazamientos y para proteger a todas las personas que lo necesiten.

Para avanzar en las medidas efectivas para abordar la movilidad humana en el contexto del cambio climático, se sugieren las siguientes recomendaciones: reforzar la alineación de los marcos jurídicos nacionales con las directrices internacionales y regionales, identificando lagunas y oportunidades; el ajuste y desarrollo de políticas climáticas y otros mecanismos normativos para reforzar consideraciones relacionadas con el tema; y, por último, garantizar que los instrumentos climáticos consideren la movilidad humana como una estrategia de adaptación y resiliencia, no solo asimilando los movimientos humanos como una respuesta alcanzable en los PNA, sino también informando sobre las buenas prácticas y avances existentes en las NDC.

 

Diogo Andreola Serraglio es miembro de la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (RESAMA). Actualmente está desarrollando su investigación posdoctoral en temas de movilidad humana y cambio climático en América Latina en el Instituto Alemán de Desarrollo (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik – DIE) a través de una beca de la Fundación Alexander von Humboldt.

 

Texto traducido por Beatriz Felipe Pérez.

Ver versión original en inglés de esta contribución aquí.

 

[1] Besides of NAPs and NDCs, this post is restricted to the appreciation of national climate legislation. Other Latin American countries are dealing with the topic through distinct sorts of policies, such as National Strategies and National Action Plans.

[2] See: National Policy on Climate Change (Colombia, 2017), National Policy on Climate Change (Paraguay, Law n. 5.875/2017), National Policy on Climate Change (Uruguay, Decree n. 310/2017), National Policy on Climate Change Adaptation (Costa Rica, Decree n. 20/2018), General Law on Climate Change (Mexico, 2018), Framework-Law on Climate Change (Peru, Decree n. 30.754/2018) and National Policy on Climate Change Mitigation and Adaptation (Nicaragua, Decree n. 27/2019).

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