D Membreno / EU Civil Protection and Humanitarian Aid
Donald Trump: «¡Tenemos que detenerlos!»
Joe Biden: «Puedo decir claramente ‘No vengan’
(…) No dejen su ciudad o comunidad».
Las columnas de migrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos o nicaragüenses camino de la frontera de México con Estados Unidos se han convertido en una más de las imágenes de la pobreza. Un ejemplo, de otros tantos, de cómo la violencia, la corrupción, la falta de alimentos o las catástrofes inducidas por amenazas naturales hacen que miles de seres humanos abandonen sus hogares buscando un futuro, aunque sea incierto, donde sea posible vivir mejor.
Cuando se muestran seres humanos abandonados o asesinados por los traficantes de personas o las policías de fronteras, la opinión pública, las ONG y los medios de comunicación reclaman la urgencia de acciones políticas y económicas de Estados Unidos en México o en los países de origen. Compromisos e intervenciones que son justas y humanitarias para evitar el dolor, la desesperación y la muerte de tantos migrantes que, después de largos caminos, a menudo fracasan en la búsqueda de una vida mejor. Son fotografías del terror que en la mayoría de las ocasiones solo consiguen herir la sensibilidad de los espectadores.
En ocasiones, las imágenes están acompañadas del relato de cómo estas personas son usadas como moneda de cambio en campañas electorales, mano de obra barata en el medio rural estadounidense, o pantallas de humo para ocultar la corrupción y el narcotráfico institucionalizado. Pero lo que no forma parte del discurso general es señalar a los causantes directos de los cambios en las condiciones de vida de las comunidades donde nacieron y tuvieron que abandonar.
En escasas ocasiones se presentan las responsabilidades de las políticas ambientales de las distintas administraciones de los Estados Unidos de América y las estrategias de las multinacionales en la sobreexplotación de los recursos naturales. Sus métodos extractivos afectan directamente a los medios de subsistencia de las comunidades y a su recuperación de los desastres inducidos por amenazas naturales y de las agitaciones económicas, políticas y sociales.
Cuando se exhiben a los migrantes intentando pasar las fronteras entre México y USA, en muy pocas ocasiones se habla del contexto en el Corredor Seco de América Central (CSC), es decir, de la franja geográfica que se extiende desde Chiapas (México) hasta el Arco Seco de Panamá pasando por El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.
Estos cinco países forman una ecorregión con más de 50 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 22 millones viven en situación de pobreza y alrededor de 10 millones se encuentran en la pobreza extrema. Estas personas habitan, en su mayoría, zonas periurbanas y rurales, donde la dependencia del sector agrario y la economía informal son básicos para sobrevivir. Por tanto, los efectos del cambio climático y sus episodios extremos condicionan la permanencia en los lugares donde nacieron y deseaban desarrollar su existencia. Nadie se va de su tierra, sino le obligan a abandonarla.
La FAO resume su situación como una de las ecorregiones de América Central más susceptibles al aumento de las temperaturas y a la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, cuya principal causa se encuentra en el cambio climático.
El relato político y comunicacional elude, habitualmente, que los destinos de estas personas son hacia el segundo país, después de China, que más gases de efecto invernadero emite a la atmósfera, es decir, Estados Unidos.
Estas emisiones son una de las causas directas del cambio climático que ha provocado una sequía extrema, que durante más de diez años, están soportando Honduras, Guatemala y El Salvador. A la vez, se impide la entrada a los Estados Unidos de América a refugiados que huyen de la violencia, la corrupción, la explotación y el tráfico de personas pero que también escapan de los efectos del cambio climático que empobrece sus ciudades y comunidades para mantener el «American way of life»
