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No dejar a nadie atrás. Cambio climático, migración y pobreza en Siria antes del conflicto.

/ Blog

Por Jesús M. Gamero Rus

Entre los años 2006 y 2010, la República Árabe Siria​ sufrió la que se considera la peor sequía que ha afectado al país en 900 años. Vinculada con el impacto del cambio climático de origen antropogénico, su impacto sobre el campo sirio supuso el empobrecimiento y la ruina de decenas de miles de familias rurales, que se vieron forzadas a abandonar sus tierras y buscar abrigo en los extrarradios de las ya de por si sobrepobladas áreas urbanas del país.

A pesar de los intentos por establecer una relación directa entre el conflicto que todavía sufre ese país, con el impacto del cambio climático expresado en una sequía sin precedentes, no existen unas evidencias claras, ni una relación causal, que vincule la migración por la sequía con el conflicto.

Sin embargo, de lo que sí se puede hablar es de como la degradación de las condiciones medioambientales vinculadas al cambio climático influyeron en las estructuras sociales, económicas o políticas del país. Esto es, la interacción de la pobreza, la migración y el descontento social provocados por la sequía fueron erosionando la cohesión social, lo que junto con otros factores, demográficos, políticos, económicos, religiosos o étnicos, rompieron el contrato existente, cualesquiera que fuera, entre la población y el régimen de Al Assad, y llevaron a la activación del conflicto.

“Centrémonos en la pobreza provocada por la sequía, porque es un factor fundamental tanto al analizar el proceso migratorio en Siria antes del conflicto, como también al considerar otros desplazamientos humanos, presentes y futuros, vinculados al cambio climático”.

La “pobreza”, fruto de la sequía, es un elemento definidor de la mayoría de familias que quedaron en el campo o migraron a la ciudad. Conviene recordar en este sentido las palabras del representante de la FAO en Siria en 2008, Abdullah bin Yehia, haciéndose eco de las palabras del ministro sirio de Agricultura, Adel Safar, durante una reunión en julio de ese año, y en donde el ministro declaró en público que las consecuencias económicas y sociales de la sequía estaban “más allá de nuestra capacidad como país para tratar”.

En ese mismo cable de 2008 extraído del sitio Wikileaks, Yehia proponía utilizar el dinero del llamamiento internacional de ayuda ante la sequía “para proporcionar semillas y asistencia técnica a 15.000 pequeños agricultores en el noreste de Siria en un esfuerzo por preservar el tejido social y económico de esa comunidad rural y agrícola”. Este oficial de la FAO preveía que si esos esfuerzos llegaran a fracasar, el país enfrentaría un “proceso de migración masiva desde el noreste, lo que podría actuar como un multiplicador en las presiones sociales y económicas que ya de por si estaban en juego y llegarían a socavar la estabilidad de Siria”.

Esto es, se estaba avisando del posible potencial de “destrucción social” que acompañaría a la erosión de la industria agrícola en la Siria rural, pudiendo llevar a una inestabilidad política, tal y como finalmente ocurrió.

Conviene considerar igualmente la respuesta, errónea, del Gobierno sirio ante la creciente degradación de las condiciones ambientales y el aumento de la pobreza entre la población rural. El fracaso de Bashar Al-Assad al enfrentar los impactos de la sequía, junto con un historial de mala política agrícola o la falta de inversión, dejó al sector agrícola y a las comunidades dependientes, especialmente vulnerables y abocadas a entrar en un círculo de pobreza en sus lugares de origen del que solo podrían salir huyendo hacia las ciudades.

Por tanto, la búsqueda de un sustento que no se podía encontrar en los lugares de origen de los migrantes rurales, que también se les negaba en sus nuevos hogares, fue un factor importante dentro del clima de descontento general que surgió entre la población siria y que junto con otros factores derivó en el estallido de un conflicto civil que todavía asola el país.

Aunque no se puede volver atrás, la experiencia en Siria y los errores que se pudieran haber cometido, nos permite vislumbrar determinadas respuestas positivas ante la creciente posibilidad de un aumento de desplazamientos humanos vinculados al cambio climático en otras regiones y países.

La primera lectura surge con bastante claridad:

“no se puede dejar a nadie atrás ante el impacto del cambio climático. Es necesario trabajar por tener sociedades más cohesionadas y solidarias ante los desafíos sociales y económicos que el cambio climático trae consigo”.

La función del Estado como garante de derechos y de protección de las personas es fundamental en este contexto, y son las propias estructuras del Estado las que deben ser conscientes de entender y reconocer que el cambio climático afecta también a las políticas y estructuras económicas y sociales, pudiendo influir igualmente en conflictos activos o latentes.

Solo a partir de sociedades cohesionadas se podrá hacer frente con garantías a los desafíos futuros que nos impone el cambio climático. La demanda y lucha por los recursos hídricos y los alimentos, la ausencia de medidas de empleo o de protección social que impidan la desafección de la ciudadanía, tal y como ocurrió en Siria, pueden llegar a amenazar el contrato social entre gobiernos y ciudadanos, y la propia convivencia dentro de las comunidades.

El Estado sirio fue incapaz de aumentar la resiliencia de su población ante los impactos del cambio climático. No fue capaz de fortalecer su capacidad de respuesta a través de, por ejemplo, medidas de protección social que apoyaran y mejoraran los medios de subsistencia de la población o la creación de oportunidades alternativas de empleo, mediante la diversificación de los medios de vida, que pudieran promover la resiliencia a largo plazo.

“Debemos reconocer los mecanismos de protección social como acciones adaptativas ante el cambio climático, capaces de construir resiliencia, fortalecimiento social y reducir la vulnerabilidad, así como tener la capacidad  de transformación social y económica, en especial bajo contextos de mayor pobreza y vulnerabilidad en un clima cambiante”.

En definitiva, y ante los impactos previstos y considerando la lucha a nivel global, pero también local contra el cambio climático, las sociedades deben optar de forma decidida por promocionar, mejorar y disponer de una estructuras políticas y sociales fuertes, cohesionadas y dirigidas a la protección de las personas y sus derechos. Los mecanismos de protección social son fundamentales en este contexto, considerando la necesidad de adaptarlos y hacerlos a “prueba de clima”, siendo capaces de evitar su sobrecarga, garantizar los derechos, y evitar mayores daños a los más vulnerables.

Esta capacidad se reconoce en especial en el mundo rural, donde existe una mayor desprotección, informalidad y empleo autónomo, así como una limitada capacidad para costearse unos servicios básicos además de una mayor vulnerabilidad, haciéndose necesario aumentar la resiliencia a través de mecanismos inclusivos y equitativos*.

Jesús M. Gamero Rus pertenece al Grupo de Investigación en Sociología del Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad Carlos III de Madrid. Su ámbito de investigación está orientado hacia el análisis de las dimensiones sociales y políticas del Cambio Climático, con una especial atención a los procesos migratorios. Se doctoró en 2014 por la Universidad Carlos III de Madrid en el Departamento de Análisis Social con la tesis titulada “Las migraciones humanas inducidas  por el Cambio Climático como un fenómeno multicausal: la respuesta desde las políticas sociolaborales y los  mecanismos de Protección Social”.

* Este texto resume en parte el artículo publicado por el autor en la Revista “Tiempo de Paz” del Movimiento por la Paz – MPDL en su número 128 dedicado a la “Prevención y consecuencias del Cambio Climático.

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