¿Protege el marco jurídico europeo a los migrantes climáticos?

Imagen de una sesión en el Parlamento Europeo

La Unión Europea (UE) se ha posicionado como un referente mundial en la lucha contra la emergencia climática dentro y fuera de sus fronteras.  El Pacto Verde Europeo, que aspira convertir Europa en el primer continente climáticamente neutral en 2050, es la prioridad insignia de esta Comisión. Su papel de liderazgo en las negociaciones climáticas de la ONU y su promoción del fortalecimiento de instrumentos de cooperación para afrontar la emergencia climática chocafrente a la inexistencia de mecanismos de protección en su Política Migratoria y de Asilo a uno de los grupos más afectados por esta crisis, los migrantes climáticos. La ausencia de referencia específica a estas personas nos lleva a examinar las alternativas de protección indirecta que ofrece el actual marco jurídico europeo a refugiados y a personas necesitadas de protección internacional conocido como Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), así como otros instrumentos legales disponibles.

En el interior de las instituciones europeas ha habido esfuerzos desde distintos enfoques y a través de propuestas diversas para reconocer y proteger a las personas desplazadas por causas climáticas. Ya en 1999, el Parlamento Europeo mostró su preocupación por las relaciones entre cambio climático y seguridad. Más adelante en 2017, aprobó una resolución instando a la UE y a los estados miembros a reconocer el impacto del cambio climático sobre los desplazamientos masivos y a tomar un papel activo en su abordaje. También, por parte de la Comisión se han realizado consultas y redactado informes, uno de los más relevante es el Staff Working Paper 2013 titulado “Cambio climático, degradación medioambiental y migración” que introdujo la perspectiva de la migración no como un problema sino como estrategia de adaptación para el cambio climático. Sin embargo, a pesar del reconocimiento por parte de los organismos europeos de los nexos existentes entre los desastres medioambientales causados por el cambio climático y los desplazamientos forzados, no se ha logrado todavía trasladar esta realidad cada vez más acuciante y necesitada de atención a la legislación europea.

A mediados de julio de 2020, se publicó, a petición de la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo, un análisis exhaustivo de las disposiciones legislativas y la jurisprudencia europea en materia de migración y cambio climático. Este estudio ha sido esencial para entrever las distintas opciones que los instrumentos jurídicos existentes ofrecen para otorgar protección a las personas migrantes climáticas. El SECA está compuesto por un compendio de normas europeas de distinto rango y aplicación, aquí se examinarán las aplicables a esta cuestión. La Directiva de cualificación, refundida en 2011, establece las normas mínimas de reconocimiento a las personas refugiadas o necesitadas de protección internacional. La definición de persona refugiada recogida en este documento es prácticamente literal a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que requiere la existencia “de fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”. Las víctimas de desastres medioambientales carecen del elemento de persecución y de discriminación que exige esta definición, por lo que difícilmente podrían declararse bajo su amparo a no ser que pudieran mostrar que están siendo discriminados, por razón de uno de los motivos contemplados, a recibir ayuda durante una catástrofe medioambiental[1].

Fuente: Wikipedia

Para aquellas personas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas como  persona refugiada, la UE ofrece lo que se conoce como protección subsidiaria. Dicha figura otorga protección si se dan motivos fundados para creer que si la persona  regresase a su país de origen se enfrentaría a un riesgo de sufrir daños graves. La disposición define como tal la tortura, las penas o tratos inhumanos o degradantes. La interpretación de este artículo abre un espacio de maniobra para ampliar la concesión de protección por otros motivos, incluidos climáticos, sin menoscabar los mínimos impuestos por la normativa europea. Italia y Suecia han creado figuras de protección en sus legislaciones que hacen mención expresa a los desastres medioambientales y al cambio climático y Finlandia, de manera indirecta, también lo contempla en su estatuto humanitario. Sin embargo, de estos tres países, los dos últimos países tienen suspendido este supuesto desde la “crisis migratoria” de 2015-2016. 

Asimismo, la Directiva de Protección Temporal concebida para evitar el colapso del sistema de acogida de los países europeos, contempla el otorgamiento de una protección inmediata y temporal a personas desplazadas masivamente. Este instrumento, que no ha sido aplicado desde su creación en 2001, podría posibilitar una solución rápida para personas desplazadas por una catástrofe medioambiental.

Por otro lado, la Directiva de retorno, establece el respeto al principio de non-refoulement en los procesos de devolución, esto podría incluir casos de personas afectadas por desastres medioambientales, sin embargo, la aplicación de dicho principio no se ha homogeneizado entre los países miembros. Otras opciones de carácter temporal y externas al sistema europeo de asilo podrían ser recurrir a la figura del visado humanitario, que todavía no ha sido armonizado o ampliar el mecanismo de los corredores humanitarios a personas desplazadas por desastres climáticos[2]. También se ha barajado la posibilidad de otorgar permisos de trabajo estacionales como la recogida en esta Directiva como una solución temporal para estas personas en las épocas de mayor vulnerabilidad climática.

La jurisprudencia europea

Respecto a la jurisprudencia europea, hasta ahora no ha habido ningún caso basado únicamente en la protección a migrantes climáticos que haya llegado ante la Corte Europea de Justicia. Queda por ver también, si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que son parte los estados miembros de la UE, pero no la Unión, extenderá la interpretación del art. 3 del CEDH referente a la prohibición a la tortura. Esta lectura implica considerar que la devolución de una persona a su país de origen afectado por el cambio climático podría exponerla a tratos inhumanos o degradantes lo que constituiría una violación de dicha provisión por parte del Estado. Hasta ahora, el Tribunal de Estrasburgo ha sido restrictivo en equiparar vulnerabilidades socio-económicas a trato inhumano o degradante.

Como se ha planteado, el marco jurídico actual europeo no ofrece soluciones claras ante el desamparo de los migrantes climáticos y plantea muchos interrogantes a nivel jurídico. La ausencia de mención a los migrantes por razones climáticas en la recién presentada Agenda Europea sobre Migración es una oportunidad perdida para la inclusión de una figura de protección expresa o la introducción de nuevas bases de protección. Pero todavía hay tiempo de enmienda, la UE tiene en sus manos adelantarse a las necesidades de protección jurídica causada por los impactos medioambientales tanto graduales como repentinos desencadenados por el cambio climático. La defensa de los derechos de estas poblaciones debe estar en el centro de las medidas para hacer frente a la emergencia climática.


[1] Ragheboom, H (2017). The international legal status and protection of environmentally-displaced persons: a European perspective– International Refugee Law Series Vol 9. Nijhof: Brill;. (pag 327)

[2] Miller, M.; Douglass, M.; Garschagen, M. (2017). Crossing Borders: Governing Environmental Disasters in a Global Urban Age in Asia and the Pacific. Singapore: Springer. (pag 91)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.