Por Mariam Traore Chazalnoel y Dina Ionesco*
Cada día leemos más y más historias sobre cómo el impacto del cambio climático afecta a las migraciones humanas. Los patrones migratorios se están modificando en todos los continentes, desde el Corredor Seco de América Central, donde la sequía se entrecruza con la violencia, hasta las islas del Pacífico, amenazadas por la elevación del nivel del mar y las tormentas tropicales.
Por nuestro trabajo, viajamos a menudo. En estas misiones hemos conocido a muchas personas, desde taxistas en Miami, hasta trabajadores del sector servicios en Azerbaiyán, que nos han comentado que conocen a alguien que tuvo que abandonar su lugar de residencia debido a los devastadores huracanes que destruyeron sus casas y afectaron la economía o a las sequías, que dañaron los cultivos y comprometieron la seguridad alimentaria. Las migraciones climáticas no constituyen una preocupación abstracta: son una realidad cotidiana. A medida que el mundo se enfrenta a los impactos sin precedentes de la crisis generada por el COVID-19, es probable que las consecuencias socioeconómicas de esta crisis afecten, a su vez, a la política y la práctica de las migraciones climáticas.
Tanto el escrutinio público como el interés de los responsables políticos han logrado que se aborden las preocupaciones sobre las migraciones climáticas en las discusiones políticas globales entre los Estados miembros de las Naciones Unidas, como el Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento bajo las negociaciones climáticas y el Pacto Mundial para la Migración, el primer acuerdo intergubernamental sobre migraciones internacionales. Estas discusiones globales han dado lugar a recomendaciones sólidas y han generado conciencia acerca de la necesidad de comprender los factores que impulsan las migraciones climáticas y de responder ante los mismos. Los esfuerzos para visibilizar las migraciones climáticas han tenido éxito, pero ahora nos enfrentamos a un mayor desafío: ¿cómo pasamos a la práctica?
Existen diferentes enfoques que pueden ayudar a abordar algunos de los desafíos a los que se enfrentan los Estados y las personas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) respalda un enfoque dual: el primer elemento consiste en que los Estados deberían considerar cómo sus políticas de cambio climático, por un lado, y sus políticas de migración, por otro, podrían incluir elementos relacionados con las migraciones climáticas. Esto quiere decir que se debe asegurar que la dimensión migratoria se refleja en las políticas climáticas y ambientales, así como en las leyes nacionales relacionadas. Esto, con el objetivo principal de evitar la migración forzada desde las zonas afectadas por los impactos del cambio climático. Muchos países ya han incluido o están intentando incluir la dimensión migratoria en sus políticas nacionales de cambio climático. Los países más vulnerables al cambio climático están incrementando los esfuerzos para comprender cómo la mitigación y la adaptación al cambio climático pueden afectar a los movimientos migratorios dentro de sus países y a través de sus fronteras.
El segundo elemento consiste en comprender cómo se podrían remodelar las herramientas existentes para la gestión de las migraciones y qué tipo de nuevas herramientas se necesitan para responder a las nuevas situaciones, como las migraciones relacionadas con el cambio climático. En términos generales, la gestión de las migraciones puede definirse como los «enfoques planificados para la implementación y operacionalización de marcos políticos, legislativos y administrativos, desarrollados por las instituciones encargadas de las migraciones». Concretamente, esto significaría analizar herramientas como: los requisitos de visa y exenciones; medidas para el control de fronteras; permisos de residencia; acuerdos bilaterales educativos, de formación o laborales; políticas de retorno voluntario; medidas para prevenir y combatir la trata y el tráfico ilícito de personas migrantes; y medidas económicas para reducir el coste de las transferencias de las remesas e incentivar las inversiones de las diásporas.
Ya se está pensando en cómo se podrían aplicar las herramientas de gestión de las migraciones a la situación de las personas que se trasladan en el contexto del cambio climático y la degradación ambiental. Por ejemplo, recientemente se aprobó el Protocolo de Libre Movimiento en África Oriental a nivel ministerial que contiene disposiciones específicas que permiten que la ciudadanía de los Estados parte de dicho Protocolo se traslade con anticipación, durante o después de un desastre. También contempla la posibilidad de extender el tiempo de residencia de las personas afectadas por desastres cuando el retorno a sus Estados de origen no sea posible. En la región del Caribe y el Pacífico están teniendo lugar similares debates. Se ha planteado cómo crear incentivos para que la diáspora en el extranjero invierta en medidas de acción climática en sus países de origen, o cómo el retorno voluntario y la reintegración de las personas migrantes debe replantearse en un clima cambiante. También se han realizado investigaciones sobre cómo los programas de migración laboral estacionales y temporales en el Pacífico podrían proporcionar opciones de subsistencia para las comunidades más afectadas por el cambio climático. Ya sabemos que el tráfico de personas relacionado con el cambio climático es un gran problema, pero las consideraciones al respecto siguen siendo limitadas.
Todos los aspectos de la gestión de las migraciones pueden -y deben- replantearse para proteger a quienes migran en un contexto de nuevas realidades climáticas y ambientales. Esto supone un trabajo inmenso que debe realizarse teniendo en cuenta las especificidades de cada contexto: lo que tendrá sentido en un país o región, podría no ser aplicable en otro lugar. De cara al futuro, un elemento clave en esta discusión es el desarrollo de opciones de migración regular para aquellas personas que no pueden quedarse donde están o no pueden regresar a las áreas más gravemente afectadas por los impactos del cambio climático. Teniendo en cuenta el clima actual de miedo y desconfianza en torno a las cuestiones migratorias en muchos países, así como los distintos intereses en juego, esta discusión no será fácil. Sin embargo, no podemos permitirnos el lujo de evitar hacernos estas complicadas preguntas y tratar de encontrar respuestas, especialmente a medida que nos aventuramos a un futuro incierto post COVID-19.
Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo pertenecen a las autoras y no reflejan necesariamente las opiniones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
*Mariam Traore Chazalnoel es Especialista Senior en la División de Migración, Ambiente y Cambio Climático de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Dina Ionesco es la Directora de la División de Migración, Ambiente y Cambio Climático, OIM. Las autoras agradecen a Martina Castiglioni por su ayuda en la investigación de este texto.
Texto traducido por Beatriz Felipe Pérez
