América Latina y el Caribe es una de las regiones más urbanizadas del mundo, con una tasa de urbanización de 81% para 2018 (DENU, s.f.). Las ciudades de la región presentan elevados niveles de desigualdad. En al menos 15 países, la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas, supera el 20% y en algunos países como Jamaica y Haití la situación es extrema, teniendo en cuenta que este índice alcanza a más de la mitad de la población.
Las desigualdades ambientales y la fragmentación territorial, son una expresión de la exclusión en el entorno urbano. Las personas en situación de pobreza son expulsadas de las áreas centrales de las ciudades por las dificultades de acceso a la vivienda. Como consecuencia, se asientan informalmente en las periferias propensas a amenazas, áreas de(s)preciadas por el mercado de suelos por su degradación o tierras públicas no aptas para habitar. Entre ellas, las riberas de los cursos de agua urbanos, por lo que son recurrentemente afectadas por las crecidas, causadas por el cambio climático y la variabilidad. Así, miles de personas pierden sus bienes y medios de vida y también horas de esfuerzo dedicado a construir sus viviendas, que resultan destruidas por las inundaciones.
Las relocalizaciones como estrategia de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres
Diversos países de la región han generado planes de relocalización de personas y grupos de personas hacia zonas más seguras, en el contexto de desastres, antes y después de su ocurrencia.
Por un lado, como parte de procesos de recuperación post-desastre en la perspectiva de reconstruir mejor (Build Back Better) con el fin de mejorar las condiciones preexistentes, reducir los riesgos y asegurar que no se generen nuevos riesgos ni se reproduzcan las condiciones previas de vulnerabilidad (económica, simbólica, social, ambiental, física y política).
Por otro lado, con relocalizaciones planificadas como estrategias preventivas de adaptación al cambio climático.
¿Qué es una relocalización planificada?
Es “un proceso planificado en el que personas o grupos de personas se trasladan, o son asistidos para trasladarse de sus hogares o lugares de residencia temporal, asentarse en un nuevo lugar, y se les brindan las condiciones para la reconstrucción de sus vidas (…). Se realiza(n) bajo la autoridad del Estado, dentro de las fronteras nacionales, y se lleva(n) a cabo para proteger a las personas de los riesgos e impactos relacionados con los desastres y el cambio ambiental, incluyendo los efectos del cambio climático” (ACNUR, OIM y Universidad de Georgetown, 2017).
Son procesos de largo plazo que requieren de la intervención sostenida de múltiples actores y representan desafíos importantes para las instituciones y para las comunidades realojadas y anfitrionas. Entre esos desafíos está el mantenimiento de los medios de vida y de los lazos culturales, identitarios y afectivos en el territorio (The Nansen Iniciative, 2015)
Entre los principios para las intervenciones se destacan: la protección de los derechos de las personas incluyendo los derechos políticos para la participación informada en las decisiones para una relocalización consensuada; la atención a las necesidades, características y capacidades, que considere particularmente a poblaciones de interés por su situación de vulnerabilidad y exclusión desde una perspectiva de género interseccional (género, generaciones, pertinencia cultural, condición de discapacidad y otras) con enfoque de derechos humanos y respeto por la diversidad, durante todo el proceso (ACNUR, OIM y Universidad de Georgetown, 2017; Lejtreger, 2019)
Por otro lado, las condiciones en la nueva localización deben ser mejores que en el origen, garantizándose que se trate de viviendas adecuadas.
Una vivienda adecuada implica al menos:
- Seguridad en la tenencia.
- Asequibilidad.
- Habitabilidad.
- Accesibilidad.
- Pertinencia cultural.
- Localización, con disponibilidad de servicios urbanos, sociales, de salud y educación; instalaciones e infraestructura, oportunidades de empleo, movilidad y transporte, etc., además de ubicación fuera de zonas de riesgo. (ONU-Habitat, 2019).
El Plan Nacional de Relocalizaciones para familias ubicadas en tierras inundables y/o contaminadas (PNR) en Uruguay
El PNR fue una política nacional, un plan integral socio-habitacional que formó parte de los Planes Nacionales de Vivienda de 2010 a 2020 en Uruguay. Su objetivo fue reducir las desigualdades, las injusticias ambientales y la fragmentación socio-espacial, generando “oportunidades de acceso y permanencia a una vivienda digna para familias residentes en terrenos contaminados y/o inundables, a través de procesos de inclusión socio-territorial que consoliden áreas urbanas con servicios y con un criterio de heterogeneidad social”.
Se trató de una política interinstitucional que implicó acuerdos entre los niveles nacional y local para su implementación. Se estructuró en 4 componentes: urbano-habitacional, de integración social, de sustentabilidad económica y de resignificación del predio.
Los proyectos de relocalización eran consistentes con los planes locales de ordenamiento territorial de las ciudades y pueblos donde se implementaron. Los predios liberados se debían reconvertir para usos colectivos compatibles con las inundaciones, desalentando nuevas ocupaciones informales para uso habitacional en zonas de riesgo.
“Las comunidades participaban desde el inicio, construyendo en conjunto con las instituciones las soluciones, integrando sus perspectivas, necesidades y potencialidades, así como sus características histórico-culturales”. En el primer período de implementación en 2015, 789 familias fueron relocalizadas. Entre 2015 y 2020 se realizaron 2245 realojos y a fines de 2019, 1144 hogares se encontraban en alguna fase del proceso. Contribuyó a evitar pérdidas y daños en eventos posteriores.
“Las comunidades participaban desde el inicio, construyendo en conjunto con las instituciones las soluciones, integrando sus perspectivas, necesidades y potencialidades, así como sus características histórico-culturales”
Este plan fue premiado por la iniciativa Momentum for Change 2014 (UNFCCC) por su aporte a la reducción de la pobreza urbana a través de una política de adaptación al cambio climático.
REFERENCIAS
ACNUR, OIM y Universidad de Georgetown, 2017. Caja de herramientas: Relocalizaciones Planificadas para proteger a las personas de los desastres y el cambio climático.
DENU (s.f.). Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Base de Datos Mundial. Con acceso el 20/02/2021.
Lejtreger, R. (2019). La movilidad humana en la agenda climática de las Américas. Necesidades y oportunidades. OIM, Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. San José. Costa Rica
Nansen Initiative, The (2015) Agenda for the Protection of Cross-border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate Change Volume 1
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), 2019. Guía metodológica Estrategia municipal de gestión integral de riesgos de desastres Un paso a paso desde la identificación de riesgos hasta la reconstrucción.
